El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que el Gobierno no encubrirá ni protegerá al prefecto Alberto Luís Aguilar, acusado de haber cometido varios actos ilegales por la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Por su parte, Aguilar dijo que enviará a La Paz la documentación que supuestamente demostrará su inocencia en el caso de presunta corrupción y daño económico de al menos 91.000 bolivianos.
Pero Suxo ya sentó la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La denuncia contra Aguilar llegó al despacho de Suxo con documentación escrita sobre la contratación irregular de la empresa Prointec S.A., a la que se adjudicó el proyecto a diseño final del Puerto Seco, por la suma de 10.379.899 bolivianos, sin considerar que la Prefectura no contaba ni con el 20 por ciento del monto contractual, se informó oficialmente.
Suxo también denunció irregularidades en la entrega de recursos en calidad de “Fondos de Avance en la gestión 2006, cargadas al proyecto Oruro-Puerto Seco, por las sumas de 99.500 y 91.000 bolivianos, recursos entregados aparentemente para socializar ese plan”.
Por su parte, Aguilar dijo que enviará a La Paz la documentación que supuestamente demostrará su inocencia en el caso de presunta corrupción y daño económico de al menos 91.000 bolivianos.
Pero Suxo ya sentó la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La denuncia contra Aguilar llegó al despacho de Suxo con documentación escrita sobre la contratación irregular de la empresa Prointec S.A., a la que se adjudicó el proyecto a diseño final del Puerto Seco, por la suma de 10.379.899 bolivianos, sin considerar que la Prefectura no contaba ni con el 20 por ciento del monto contractual, se informó oficialmente.
Suxo también denunció irregularidades en la entrega de recursos en calidad de “Fondos de Avance en la gestión 2006, cargadas al proyecto Oruro-Puerto Seco, por las sumas de 99.500 y 91.000 bolivianos, recursos entregados aparentemente para socializar ese plan”.
prefecto Aguilar
Los descargos presentados “no cuentan con un mínimo de tres cotizaciones, no existen actas de conformidad de servicio, no cursan listas de participación en los supuestos eventos y otros”, según Suxo.
“Adicionalmente se observa el pago de 82.977 bolivianos a la Empresa Sukini Design, cuyo informe final apunta a la organización de la agenda de los medios y protocolo del Prefecto en la ciudad de Santa Cruz, cuyo contrato además fue regularizado en forma posterior a la prestación de servicios”, dijo.
Indicó que también se evidenció la suscripción de contratos de personal para el proyecto, con carácter retroactivo a favor de Marcela Uribe y Wálter Apaza, transgrediendo el artículo 6 de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y las normas básicas de contrataciones estatales.
Además de Aguilar, están implicados la secretaria departamental administrativa, Patricia Jaldín; el responsable del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno; el encargado del proceso de contratación, Tomás López, y el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez.
“Adicionalmente se observa el pago de 82.977 bolivianos a la Empresa Sukini Design, cuyo informe final apunta a la organización de la agenda de los medios y protocolo del Prefecto en la ciudad de Santa Cruz, cuyo contrato además fue regularizado en forma posterior a la prestación de servicios”, dijo.
Indicó que también se evidenció la suscripción de contratos de personal para el proyecto, con carácter retroactivo a favor de Marcela Uribe y Wálter Apaza, transgrediendo el artículo 6 de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y las normas básicas de contrataciones estatales.
Además de Aguilar, están implicados la secretaria departamental administrativa, Patricia Jaldín; el responsable del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno; el encargado del proceso de contratación, Tomás López, y el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez.
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